Cuál es el patrimonio de Kueider según su declaración jurada en 2021: no presentó los años posteriores

El senador peronista Edgardo Darío Kueider, quien fue demorado esta madrugada en Paraguay con más de USD 200.000 en efectivo y $600.000 sin declarar, no presentó sus declaraciones juradas patrimoniales anuales ante la Oficina Anticorrupción (OA) en 2023 ni en 2022, como exige la ley de Ética Pública. La última disponible es del 2021 y es una Rectificativa, o sea debió corregir algún dato consignado en la Original. En esta DDJJ declaró un patrimonio de $5.399.157. Como senador, Kueider debe informar su patrimonio anualmente por la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que, en su artículo 5to, incluye a los legisladores nacionales. Esta obligación tiene como objetivo permitir el control sobre un posible enriquecimiento ilícito mientras esté en funciones, y al dejar su cargo.

Según ese documento, el legislador nacional por Entre Ríos dijo tener dos casas en Concordia, la ciudad de donde es oriundo. Una de 400 m2 de la que es titular del 50%, con un valor fiscal de $1.785.168, adquirida en 1999 con “ingresos propios”. La otra, de 391 m2, que valuó en $514.576, y compró con un crédito, y de la que solo es dueño del 12,5%. A su vez, informó poseer ese año el 50% de dos vehículos: un Chevrolet Meriva modelo 2009 valuado en $199.000 y una camioneta Chevrolet Spin Activa que compró en 2017, y consignó en $489.000. Al cierre de 2021, también dijo tener $955.249 y USD 8500 en efectivo, más otros $383.124 en cuentas bancarias.

Última DDJJ presentada por Edgardo Kueider como senador, que corresponde al 2021. No presentó las posteriores

En cuanto a su participación accionaria en empresas, declaró ser el dueño del 50% de Betail SA, en sociedad con su primo Javier Rubel, quien hasta ese momento vivía en España. Creada el 12 de diciembre de 2018, y con sede en la Capital Federal, Kueider informó que ingresó a su patrimonio un año más tarde, en diciembre de 2019, cuando ya había sido electo senador por el Frente de Todos. Asumió como director suplente de la firma en enero de 2020. Betail SA fue inscripta para el comercio de ganado, y tiene un criadero de pollos en Concordia.

Esta sociedad es dueña de un departamento y dos cocheras en el edificio Live en Santiago del Estero 511, en la ciudad de Paraná, según reveló la revista entrerriana Análisis en marzo pasado. El edificio es propiedad del empresario Claudio Tortul, que estuvo preso por una investigación sobre el presunto pago de sobornos a empresas y organismos públicos. La causa se abrió a partir de una investigación interna que impulsó la firma Securitas y está en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Extracto de las expensas de marzo pasado donde la empresa Betail SA, de Kueider, tiene un departamento y dos cocheras (Crédito. Revista Análisis)

En 2022, constituyó además, la empresa de software EDEKOM SA, junto con su hijo Haidar Iván, de 31 años. Esta firma no figura en su DDJJ 2021, porque la creó al año siguiente.

Cuando fue detenido a la 1:30 de esta madrugada en un control de rutina realizado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la cabecera del Puente Internacional de la Amistad, que une Brasil y Paraguay, Kueider se movilizaba con USD 211.102, $646.000 y 3.900.000 guaraníes (500 dólares aproximadamente), monto que excedía el permitido por ley, sin “ningún documento respaldatorio”, según consignaron los efectivos que lo detuvieron. Viajaba en un vehículo Chevrolet con patente argentina AE797OJ.

Asesores del senador consultados por Infobae aseguraron que se enteraron de la novedad esta mañana y aún no habían podido hablar con él. Casi a la misma hora se había notificado del hecho la oficina de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Según informó Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, el legislador no pudo justificar el origen ni el destino del dinero y se negó a colaborar con las autoridades. Quedó en libertad, alojado en un hotel de Ciudad del Este, a la espera de ser convocado a declarar por el fiscal Edgar Benítez, de la Unidad Fiscal N°2 especializada en contrabando.

Si bien los senadores cuentan con fueros que impiden su detención, esa prerrogativa cesa cuando se encuentran en el exterior, como sucede en este caso. Kueider ingresó como senador por Entre Ríos en 2019 por el Frente de Todos, pero este año pasó a integrar el bloque Unión Federal que integran peronistas disidentes y de fuerzas provinciales. Es uno de los legisladores aliados del Gobierno, cuyo voto ayudó a conseguir los apoyos necesarios para aprobar la Ley Bases en la Cámara alta.

Edgardo Kueider entró en 2019 por el Frente de Todos, pero se distanció del kirchnerismo y actuó como aliado del Gobierno de Milei en la Ley Bases

Infobae corroboró con la OA que efectivamente Kueider no completó el aplicativo con sus datos patrimoniales, por eso no aparece en la web de consulta pública de las declaraciones juradas de los funcionarios nacionales. Sin embargo, este organismo aclaró que “no tiene potestad de intimar” a los legisladores que no lo hagan, como sí tiene la obligación de hacerlo con los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. “La intimación es responsabilidad del Poder Legislativo”, sostuvieron en la Oficina Anticorrupción.

Desde el Senado señalaron, ante la consulta de este medio, que no les corresponde intimar a los senadores que no presentan su DDJJ ante la OA, en cumplimiento de la Ley de Etica Pública. Por la Resolución de 2016, la Dirección de Auditoría de la Cámara alta sólo puede intimar a presentar su DDJJ a empleados, pero no así a los integrantes del cuerpo. Según esa norma, consultada por este medio, solo alcanza a “directores generales, subdirectores generales, autoridades de Cámara, y los agentes que revistiendo en la Planta Permanente o Temporaria: a) se hallen ejerciendo la titularidad de una unidad orgánica de nivel dirección; o b) Integren comisiones de adjudicación de licitaciones, compras o contrataciones o sean responsables de la toma de decisiones respecto de la recepción de bienes o adjudicación de licitaciones, compras o contrataciones”.

La Resolución de la Cámara alta sobre la obligación de presentar DDJJ por parte de los empleados del Senado. No incluye a los senadores, alcanzados por la Ley de Etica Pública

Fuente: Infobae.