El Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 10.409, por la cual se denuncia el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales que establecen la distribución de la masa de fondos a coparticipar.Así lo establece el artículo 2 de la Ley 23.548, por lo que se seguirá realizando conforme al acuerdo denunciado, como asimismo del artículo 76 de la ley 26.078. A estos efectos se deberá dar noticia fehaciente de la presente a todas las jurisdicciones signatarias del Acuerdo de referencia".La iniciativa había sido impulsada en 2012 por la diputada Rosario Romero (FpV-Paraná) pero no había sido tratada sino hasta fin de este año, cuando en un tiempo expres fue aprobada por la Legislatura: el 26 de noviembre fue avalada sobre tablas por la Cámara Baja, mientras que el 30 de ese mes hizo lo propio el Senado, todo con la anterior composición de bloques. La curiosidad se da en que ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet adelantó que no era su intención acudir a la Justicia por la coparticipación, sino que promovería la vía del diálogo político."Entendemos que ha llegado el momento de realizar una adecuación de nuestros recursos coparticipables con la Nación no desde la judicialización de los reclamos, si desde el diálogo político maduro y responsable que permita a los estados provinciales poder continuar con certidumbre por la senda del progreso que implicó inclusión y desarrollo", dijo el mandatario, que se mostró partidario "de que, a pesar de la enorme dificultad que significa unificar criterios en 24 distritos, se proponga un nuevo esquema que complete o modifique la Ley de Coparticipación Federal".El fallo de la Corte SupremaA favor de las jurisdicciones provinciales está el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la devolución del 15 por ciento de los montos coparticipables retenidos, pero que sólo alcanzó a las situaciones de San Luis, Santa Fe y Córdoba. La ex mandataria Cristina Fernández dictó un DNU, antes de abandonar la gestión, para ampliar el alcance a las provincias, pero la Justicia aceptó días atrás una medida cautelar para suspender la aplicación de este decreto de necesidad y urgencia, mientras que la CSJ rechazó un planteo de Formosa para que se le aplique en forma automática la reciente jurisprudencia. Precisamente, también los anteriores senadores entrerrianos aprobaron un texto para adherir al DNU de la ex presidenta, que quedó frenado.
