Concejales de JXC se oponen a la construcción de viviendas y a la radicación de familias foráneas

Pablo Echandi, Alejandra Leissa y Juan Olano señalaron que “son varios los puntos que ameritan el rechazo a esta iniciativa: la ubicación de las viviendas en una Reserva Natural Protegida; no cuentan con la licencia social de los vecinos; las viviendas no logran el arraigo de familias existentes, ya que son importadas; esas gestiones (casi 135 millones de pesos) podrían haberse direccionado a casas en el ejido donde existe una demanda impresionante; se otorgarán a dedo hectáreas y viviendas por 15 años a familias foráneas en un inmueble que es de todos los vecinos, entre otros aspectos”.

“Debe tenerse en cuenta que las 20 viviendas serán construidas en una Reserva Natural, contrariando la legislación vigente, por lo que resulta necesaria la intervención del gobierno entrerriano, independientemente de las acciones judiciales que se están iniciando”, agregaron. 

Seguramente la gran mayoría de los vecinos no sepan quienes integran la Unión de Trabajadores de la Tierra y cuáles son los beneficios que obtendrán a partir de este convenio. En principio, el presidente de la misma reside en la provincia de Buenos Aires y a cada familia de las que llegarán a Las Piedras, se le otorgará una vivienda y una hectárea y media para producir por el término de 10 años, prorrogable por 5 más, según surge del acuerdo con la Municipalidad. 

Los concejales agregaron que la contraprestación que se les “exigirá” será del orden del 25 % de lo producido en la huerta; en tanto el convenio con la UTT es por 10 grupos familiares por lo que hay 10 viviendas que no se sabe a quiénes se otorgarán. Justamente sobre lo productivo, los ediles no terminan de comprender por qué se importarán trabajadores: “¿No existen vecinos con ganas de trabajar en la ciudad? ¿No hay mano de obra desocupada? ¿Es imposible conseguir entre los 120 mil gualeguaychuenses quienes se interesen por trabajar la tierra y tener una casa? Como mínimo resulta llamativo que se traigan familias de Buenos Aires para radicarlas aquí”, reflexionaron.

Por último, remarcaron que “primordialmente este proyecto tiene epicentro en una Reserva Natural Protegida con todo lo que ello implica. Más allá de la ilegalidad que pueda presuponer -que se analiza judicialmente- no se plantean acciones de impacto ambiental previo, ni estudios que determinen la viabilidad del mismo en esa zona. Por todo ello es que entendemos que en principio no puede dársele curso a la instalación de las viviendas”, finalizaron.