Causa Narcotráfico: Los números municipales estuvieron bajo la lupa en una nueva audiencia

Durante más de cuatro horas, los integrantes del TOCF Lilia Carnero; Noemí Berros y Roberto López Arango, escucharon las exposiciones de las integrantes de la Policía Federal (PFA) Marcela Julita; Romina Veraldi; Silvia Oshadt y de Luis Cokil, jefe de la División al momento de los allanamientos realizados en la Municipalidad en varias oportunidades. Este equipo fue el que tuvo a su cargo la realización del informe que la División Lavado de Activos envió a la Justicia Federal, indicando irregularidades en el manejo de las finanzas municipales. Los tres fueron coincidentes en las precisiones que volcaron al Tribunal sobre los puntos de pericia que practicaron sobre la documentación que se llevaron del Palacio Municipal y que estaba referido a tres aspectos: las contrataciones de publicidad, liquidación de sueldos y recursos humanos (sobre todo el ingreso de personal durante el período septiembre 2017- mayo de 2018) y el evento de Tecnópolis Federal realizado en la costanera. Julita, Oshadt, Veraldi y Cokil fueron concordantes en que trabajaron sobre el material en función de lo establecido por el juez Federal Leandro Ríos, instructor de la causa. Estos lineamientos eran muy específicos y por ellos, durante la declaración, no dejaron sentado que hayan encontrado relación directa entre la tarea investigativa llevada a cabo y el financiamiento del narcotráfico porque, puntualmente, no se les pidió investigar eso con especificidad. Aportaron que el material con el que trabajaban presentaba deficiencias, como la falta de documentación exigible dentro de los expedientes. Julita se encargó también de subrayar que el trabajo que realiza la División Lavado de la PFA es apenas un aporte a la Justicia, que es la encargada finalmente de merituarla y obtener conclusiones. Aludieron a algunas situaciones puntuales descriptas en el informe que elevaron, y que oportunamente Ríos remitió a la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia, la AFIP y el Tribunal de Cuentas, tales como que la acusada Griselda Bordeira, segunda del área de Seguridad del Municipio, estaba a cargo del control del contrato que se le había hecho a la madre. Otro elemento que plantearon con recurrencia es la utilización de cheques de la Municipalidad hechos a favor de la propia Municipalidad. Julita señaló que esa maniobra podría estar ocultando algo, pero no entró en demasiadas precisiones. (APFDigital)