Caso Autódromo: El fiscal apeló y aseguran que hay pruebas que incriminan a los funcionarios de la gestión anterior

Los concejales de Juntos por el Cambio presentaron en 2021 una denuncia ante la Justicia para investigar presuntas irregularidades en el manejo del Autódromo local por parte de funcionarios municipales en 2019. En ese marco, hace unos días se conoció la noticia de que el juez había decidido la absolución de los imputados; una medida judicial que fue apelada por el fiscal de la causa interponiendo en realidad un recurso de queja, por considerar que existen elementos de sobra que incriminan a los funcionarios municipales de entonces.

Cabe recordar que la decisión de ir a la Justicia se basó en presuntos hechos de corrupción que habrían sido cometidos en el manejo del Autódromo Municipal durante 2019, y que, luego de recabar información, los ediles encontraron que lo expresado en la ejecución presupuestaria de la Municipalidad en concepto de alquiler del circuito era sensiblemente menor a lo abonado por las categorías. En realidad, todo se había iniciado con la investigación de pruebas realizadas durante la pandemia, cuando ello estaba vedado.

Así, la presentación ante la Justicia solicitó dilucidar la actuación del entonces director de Deportes de la Municipalidad de Gualeguaychú, Adrián Romani, y el encargado del Autódromo Municipal, Emanuel Arenas, por su directa vinculación con el manejo del circuito.

A modo de ejemplo, el Municipio obtuvo en aquel tiempo un ingreso de $ 88.170 (fojas 44 de la Ejecución Presupuestaria) en todo concepto por el alquiler del Autódromo de la ciudad para actividades del deporte motor. De los datos conseguidos (con documentación respaldatoria entregada a la Justicia) surgió que sólo teniendo en cuenta las categorías KAG y TC del Litoral habrían pagado una suma total de $ 112.350, que excedía ampliamente lo declarado por la Municipalidad.

“Fue de público conocimiento que hubo carreras de karting, motos, picadas y pruebas de diversas categorías durante el año 2019, que acrecentarían el monto ya demostrado y donde no parecen pagos o los mismo fueron en efectivo en la mano de funcionarios cuando es sabido que eso rompe todas las reglas administrativas”, señalaron entonces.

Además, obran en el expediente declaraciones de los titulares de las categorías, responsables de cantinas y de ambulancia, entre otros actores, que dan cuenta de pagos en efectivo al propio Arenas, sin pasar por los mecanismos formales administrativos. En definitiva, la prueba documental es abrumadora para dar cuenta de cobros indebidos como un modus operandi burdo y reiterado.

Pruebas suficientes, fallo sospechado

Lejos de aceptar lo definido por el Juez Telenta, la fiscalía entiende que no hay motivos para que este caso quede sin culpables, máxime cuando hay declaraciones, pruebas y pericias que confirmarían el fraude a la administración pública.

Pablo Echandi, por aquel entonces concejal y uno de los denunciantes, criticó el fallo en primera instancia y señaló que “habría que preguntarle al fiscal anterior que tuvo la causa por qué la tuvo inmovilizada un año y por qué no se tomaron las contundentes pruebas en contra de los responsables. Además, el fallo tiene enormes falencias y no se corresponde con todo lo declarado por las partes. Hubo una llamativa rapidez por cerrar el caso y mirar para el costado. Por ello, el recurso de queja del fiscal Gutiérrez”.

Echandi agregó que “es inaudito y sumamente extraño que durmieran la causa y que hoy luego de esa siesta judicial, entre gallos y medianoches, declaren que no hay suficientes elementos para dictar una condena. No sólo hay pruebas de sobra, es abrumadora y muestra un repetido accionar por fuera de la ley refrendado por todos los testigos que declararon. Los dichos aportados por responsables de categorías, empleados y hasta funcionarios como Mariano Peretti, Celina Donaq, Gustavo Larrosa, Carmelo Velis, Néstor Pianovi, Daniel Fernández, Carolina Morali, Fabricio Amunategui y Santiago Irigoyen, son muestra cabal de esas enormes anomalías”.

“Ahora la oportunidad de hacer justicia quedó en manos de Mariano Caprarulo, juez vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. Seguramente podrá analizar la contundencia documental obrante y dará lugar a la apelación para que más temprano que tarde, se responsabilice a los responsables de semejantes desmanejos”, opinó.

La contundencia del perito contable

El contador Héctor Eduardo Enrique, Oficial Superior de Primera, Técnico del Gabinete Pericial Contable del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos, fue quien realizó la pericia contable y quien dejó en claro las anomalías denunciadas.

En una parte de su informe aseguró que “la falta de registros, de procedimientos y de control, tal como fue explicitado a lo largo del informe pericial, claramente muestran una debilidad del sistema, con lo cual se pude ver perjudicada la Municipalidad de Gualeguaychú en las sumas de dinero y/o en los recursos por alquiler del autódromo que no ingresaron a las arcas de la Municipalidad. Del análisis y comparación del crédito presupuestario estimado con el correspondiente devengado que es notablemente inferior”.

Asimismo, indicó que “la documentación recolectada en la instancia de la IPP y el presente informe le dan al Sr. Fiscal elementos, que podrá evaluar su suficiencia para encuadrar en los tipos de delitos previsto en el Código Penal contra la Administración Pública, tales como una posible defraudación al Estado o incumplimiento de los deberes de funcionario público, o el que estime pueda fundamentar. Está claro que dado los hechos y considerando las pruebas recolectadas desde el tópico del Derecho, el Sr. fiscal encuadrará con mayores fundamentos el tipo de delito”.

Para cerrar, fue más contundente aún: “La debilidad de no contar con procedimientos escritos y formales son componentes fuertes para vulnerar el sistema. Es por ello por lo que las áreas involucradas de las cuales se han observado una falta de control y de la que surge responsabilidad directa son la Dirección de Deportes dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo social ambas  responsables por la falta supervisar, controlar y establecer políticas de uso al Administrador del autódromo de Gualeguaychú, y sobre todo este último en custodiar y recaudar fondos por el Alquiler del autódromo como recurso genuino previsto el Presupuestaria de Recursos.”