Caminos del Río Uruguay denunció el incumplimiento de contrato desde 2009

A través de un comunicado, tras el anuncio de licitar rutas nacionales, desde la empresa de capitales nacionales Caminos del Río Uruguay (Crusa), concesionaria de las rutas Nº 12 y Nº 14, manifestó los incumplimientos del Estado Nacional: “Desde el año 2009 no respeta el contrato. Un panorama común para las concesiones de servicios públicos luego de la salida de la Convertibilidad y por más de 20 años en los cuales se violentaron las condiciones contractuales. El incumplimiento estatal en sucesivas administraciones y por largos períodos, especialmente las insuficientes tarifas sin relación ni proporción objetiva con los costos, sentenció de muerte la concesión, el servicio y a Crusa”, expresaron.

También puntualizaron: “La situación descripta tornó inviable la concesión, impidiéndole ejecutar las obras de mantenimiento y ampliación del corredor además de las enormes pérdidas que ocasionó a la empresa. Es que, con una tarifa de 900 pesos, menos del 30% del valor del contrato y muy por debajo de los montos dispuestos para otras concesiones y a los corredores operados por el propio Estado, es imposible garantizar el servicio adecuado e incluso la regular remuneración del personal y sus cargas sociales. Es injusto para la empresa y accionistas, que a lo largo del tiempo hicieron siempre las inversiones en función de los ingresos recibidos, obteniendo premios internacionales por ello, manteniendo siempre a salvo la ética y valores morales en los negocios”.

Al mismo tiempo precisaron que las actuales autoridades se han desentendido de forma permanente. “Ello pone en riesgo la seguridad de los usuarios, pese a las reiteradas advertencias que la empresa realizó a gobiernos nacionales, provinciales y municipales. El golpe terminal fue no aplicar los ajustes tarifarios de establecidos en el contrato y la negativa de esta administración a realizar la renegociación integral obligatoria comprometida por el Estado, agravando la ruptura del equilibrio contractual”, dijeron. Y agregaron: “La señalada renegociación, establecida en el Decreto 1870/2006 para normalizar el contrato afectado por los efectos de la caída de la Ley de Convertibilidad, debía fijar el precio del peaje incorporando los costos por el mantenimiento de tramos nuevos, en aquel momento la autopista Arroyo Negro - Ceibas; posteriormente las autopistas Ceibas-Gualeguaychú, Gualeguaychú hasta Paso de los Libres, y la Ruta Nacional Nº 174, que vincula Rosario con Victoria incluido el puente. La falta de respuesta y la continua insuficiencia de ingresos, llevó a la empresa a presentar una demanda contra el Estado Nacional para reclamar la reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, la cual se encuentra en plena etapa probatoria. Cabe destacar que Crusa no recibe ni ha recibido subsidios que compensen la falta de actualización de las tarifas, a diferencia de otros concesionarios que sí se vieron beneficiados”.

También expresaron que la falta de ingresos no sólo impidió realizar las inversiones necesarias, sino que además llevó a la empresa a una situación de ahogo financiero que “derivó en la imposibilidad de afrontar los pagos con sus acreedores comerciales, fiscales, y -más grave aún- con sus más de 500 empleados. El deliberado hostigamiento contractual derivado de los incumplimientos reiterados del Estado Nacional ha provocado un mantenimiento insuficiente de las rutas, a pesar de los esfuerzos operativos y humanos realizados”.