Busti llamó a evitar un enfrentamiento
Afirmó: “no me arrepiento de nada de lo que hicimos para evitar la radicación de las pasteras contaminantes a la vera de nuestro río Uruguay. Todas las acciones que encaramos con Guillermo Guastavino mientras estuvimos al frente del Poder Ejecutivo provincial, fue producto de un convencimiento y no de un oportunismo electoral o coyuntural como se pretende instalar hoy en la opinión pública”.
“Estas luchas que forman parte de la historia ambiental argentina, añadió, no deben ser menospreciadas por nadie, al tiempo que afirmó, Gualeguaychú brindó una lección al mundo en su lucha por preservar un ambiente sano, con aciertos y con errores; que en su momento deberán evaluarlos, por eso siempre dijimos que la metodología del corte de ruta era un método agotado y había que encontrar otras formas de protestas”.
Reseñó las distintas acciones que se encararon desde el gobierno provincial en su momento “para demostrar que no sólo fue para la circunstancia sino que lo hicimos con un convencimiento profundo y en la inteligencia de que Botnia contaminará por efecto acumulativo”.
Las acciones de la provincia (en el período 2003 – 2007) para detener la instalación de las plantas de ENCE SA y Botnia SA comenzaron en enero de 2004 en los planos social, político, jurídico, cultural y ambiental. En enero de 2004 se celebró la primera reunión con delegados de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y representantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados en Defensa del Río Uruguay de Gualeguaychú.
En febrero de 2004 tuvo lugar la primera audiencia pública en la Municipalidad de Gualeguaychú, con la presencia de representantes de la Cancillería Argentina.
Desde octubre de 2004 se comenzó a trabajar en forma conjunta con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para realizar un estudio de impacto ambiental independiente y de nivel académico con profesionales del Instituto de Tecnología Celulósica de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL.
El 19 de septiembre de 2005 se denunció al Estado Uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La petición apuntó a que la CIDH declarase que el Estado uruguayo violó la Legalidad Supranacional Americana al autorizar y aprobar emprendimientos industriales pese a las evidentes carencias de esos proyectos en materia de control ambiental y del probado riesgo de vida para aproximadamente 300.000 personas que habitan en las dos orillas del río Uruguay.
El gobierno entrerriano presentó una denuncia ante la oficina del Ombudsman del Banco Mundial (BM), a cargo de Meg Taylor, contra los proyectos de las empresas. También se solicitó que el organismo audite el emprendimiento teniendo en cuenta lo que establecen las políticas internas de la Corporación Financiera Internacional (CFI).
Además, se pidió la suspensión del proceso de evaluación de otorgamiento de créditos a las compañías involucradas, hasta que los riesgos ambientales, sociales y económicos sean debidamente evaluados.
Denuncia penal en justicia federal: el 14 de enero de 2006 el gobierno provincial radicó una denuncia penal contra directivos de ENCE y Botnia ante la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay por la posible comisión del delito tipificado en el artículo 55º de la Ley 24.051 en grado de tentativa. La Fiscalía hizo lugar a la presentación, que lleva las firmas del gobernador, del vicegobernador y de representantes de la asamblea de Gualeguaychú.
El 31 de enero de 2006 se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras de la Legislatura entrerriana una resolución por la cual se solicita al gobierno nacional que Argentina presente una demanda por la construcción de las plantas en Fray Bentos ante la Corte Internacional de La Haya, luego la Petición de la provincia fue aprobada por el Congreso de la Nación y a través de la Cancillería Argentina se formalizó la Presentación ante la Corte Internacional y se está a la espera del fallo de ese organismo jurídico internacional.
El 5 de mayo de 2006 se realizó un acto en Gualeguaychú, encabezado por el ex Presidente Néstor Kirchner, con la presencia de la actual presidenta, Cristina Fernández y la participación de 19 gobernadores de provincias, en esa oportunidad se declaró como Causa Nacional a la lucha ambiental. Prensa Diputado
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