ECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE
Bordet volverá a presentar en la Legislatura el proyecto oficial para regular las fumigaciones
Entre Ríos sigue sin legislación adecuada que ponga coto al uso de agroquímicos. Tras el fracaso del debate de una “ley de fitosanitarios”, Bordet anunció un nuevo intento. En principio el nuevo borrador no sería muy distinto del Manual de Buenas Prácticas que no alcanzó a debatirse hace un año.
En el Ministerio de la Producción no hay aún a disposición una nueva propuesta de regulación de las fumigaciones en Entre Ríos. Lo previsto es que se vuelva a intentar el debate con un texto que el año pasado se empantanó, apenas tuvo su ingreso, en el Senado. Tanto que no alcanzó a tener formal rango de proyecto de ley.
El gobernador Gustavo Bordet volvió a poner el foco en un tema que es, a la vez, urgente y eternamente desplazado de las prioridades en la agenda política. Esto es así aun cuando el movimiento ecologista sostenga su reclamo de frenar las fumigaciones en una provincia en la que nadie seriamente discute ya que es una de las zonas más afectadas por el uso de agroquímicos.
“Quiero insistir con que la provincia debe contar con una ley que proteja la salud de las personas y que permita a su vez al productor llevar adelante tareas de manera responsable sin que genere perjuicio. La regulación de los agroquímicos es una materia que está pendiente en Entre Ríos”, dijo el mandatario provincial en la apertura de sesiones ordinarias.
Lamentó Bordet que un año atrás había expresado la misma voluntad pero que no prosperaron los consensos para arribar a una ley. Seguidamente, anunció la presentación de un nuevo proyecto que aún no se conoce pero que reiteraría los puntos centrales del texto del año pasado.
Recordó que ante la emergencia dictó el Decreto Nº 2239, para atender la situación de las severas fumigaciones en torno a las escuelas rurales, no contempladas por la normativa vigente. El decreto en cuestión fue judicializado por el sindicato docente Agmer y por el Foro Ecologista sin que esa situación suspendiera su vigencia. Tras varias idas y vueltas, el expediente fue llevado a la Corte Suprema de Justicia y la organización ambientalista espera sentencia para mediados de año.
Mientras, la ley vigente es una norma de tiempos de la dictadura, más un par de resoluciones, Nº 49 y Nº 47 de la Dirección de Agricultura del Ministerio de la Producción, recordó Aldana Sasia, abogada del Foro.
La decisión de probar nuevamente con el mismo proyecto es que refleja los acuerdos alcanzados entre el gobierno y una de las partes interesadas en el tema, las organizaciones vinculadas a la producción agropecuaria a lo que se suman actores claves de la vida económica entrerriana. En cambio, las disonancias se plantearon con el movimiento ecologista que no participó del debate ni de la redacción del proyecto.