PROTESTA FUERTE POR PARTE DE SUS FAMILIARES
Archivaron el caso de mala praxis por la muerte de Liliana Leonhardt
Así lo dispuso la Justicia sobre la investigación sobre la muerte que se produjo en 2017 en el sanatorio San Lucas. Las últimas noticias se supieron por una publicación de Lorena Leonhardt en redes sociales, donde criticó con dureza a Fiscalía y a la Justicia, a quienes acusó de defender la “corporación médica”.
Liliana Leonhardt fue una bibliotecaria en el Instituto Magnasco de 51 años que permaneció más de un mes en terapia intensiva y que murió por consecuencia de lo que sus familiares consideraron una mala praxis médica.
El hecho despertó el enojo de los ciudadanos y la competencia de la Justicia mantuvo la causa abierta durante más de cinco años, sin embargo ahora se supo que la misma fue archivada.
Esto se supo por una publicación que realizó Lorena Leonhardt en su perfil de la red social Facebook, donde criticó con dureza el accionar de la Fiscalía y la Justicia.
“Perdón Liliana. Archivan tu causa con la falaz justificación de que la colitis isquémica que no diagnosticaron (obstrucción del flujo sanguíneo al intestino que se trata restableciendo dicho flujo con stent o derivando la arteria obstruida), tiene el mismo tratamiento que la colitis pseudomembranosa (infección que diagnosticaron erróneamente y que Liliana no padeció)”, comenzó el comunicado.
“Según la Fiscalía, el tratamiento para ambas patologías es el mismo: antibióticos.
Todo comenzó el 29 de agosto de 2017, cuando a las 16 Liliana llegó a la Clínica Médica San Lucas por un fuerte dolor en la cadera. En esa ocasión se decidió infiltrarla y regresó a su casa. Alrededor de las 20 regresó con un cuadro más complicado. Presentaba taquicardia y presión alta; y desde ese momento quedó alojada en la Terapia intensiva de la clínica.
Según su familia, tenía un terrible dolor de columna "que luego se comprobó, a partir de una resonancia, que se debía a una hernia de disco". Poco después Liliana pasó a sala común y cuando se le iba a practicar un estudio importante "se rompe el tomógrafo de San Lucas". El 2 de septiembre regresa a Terapia Intensiva con un deterioro neurológico severo, con compromiso encefálico y fallo renal, y una diarrea sangrante.
El peregrinar de la familia comenzó cuando todo se agravó y no se daba con el diagnóstico. Los médicos de San Lucas recomendaban un traslado a un centro de mayor complejidad y desde la Obra Social de Trabajadores de las Comunicaciones (OSTRAC) a la cual pertenecía Liliana se ofrecía la clínica La merced, de Martín Coronado en la provincia de Buenos Aires. Esta oferta no convencía a los médicos porque no se trataba de un centro de salud muy diferente al de Gualeguaychú.
No hubo acuerdos y el tiempo transcurría. No se definía un lugar para trasladar a Liliana y la familia decidió por presentar una cautelar al juez de Familia Héctor Vassallo, la cual fue desestimada por el magistrado. En estos vaivenes se llegó al 3 de octubre, cuando Liliana murió.
“Meses prometiendo la imputación de los dos médicos responsables, presentamos prueba clara del punto de partida del padecimiento de Liliana, cuando la acción pública y la búsqueda de la verdad material debió ser responsabilidad del Ministerio Público Fiscal. Les presentamos una pericia de una médica que fue patóloga de la policía científica de Mar del Plata, con un currículum y experiencia intachables, que demostró que los resultados de la anatomía patológica de los órganos analizados luego de la autopsia fueron mal interpretados por los forenses, y no se llamó a declaración testimonial a la patóloga oficial para confirmar este planteo de nuestra querella”, prosiguió el escrito publicado en Facebook.
“Ni siquiera nos dieron la posibilidad de una Junta Médica ante peritos oficiales independientes, fuera de la provincia de Entre Ríos (habiendo presentado una pericia de parte con el detalle de las falencias médicas que padeció Liliana, día por día, con rigor científico y que debió generar la acción de Fiscalía de al menos secuestrar la colonoscopía realizada el 8 de septiembre de 2017, que no aparece en Historia Clínica ni en el expediente)”, continuó el relato sobre los vaivenes posteriores a la muerte de Liliana.
“Nunca quise iniciar demanda Civil, jamás perseguí dinero con la muerte de Liliana, solo perseguía Justicia Penal. La verdad, la pena para que los responsables no sigan causando más daño, pero la justicia fue ciega, sorda y muda”, criticó Lorena con dureza, quien además agregó que “mi error fue confiar en una fiscal que hace meses prometía imputar, pedir la Junta Médica correspondiente y si así lo determinaba, elevar a debate oral. La inacción durante más de 4 años de la Fiscalía nos duele profundamente”.
“Necesitamos una justicia con perspectiva de víctimas, a la que le interese más la búsqueda de la verdad que el dolor de cabeza que les genera imputar a alguien de la corporación médica”, solicitó.
“Liliana no fue diagnosticada a tiempo, murió con sepsis generalizada, y es un imperdonable yerro de la Fiscalía decir que la medicación que recibió con el diagnóstico erróneo y totalmente incoherente con sus síntomas, era la misma que resolvía la isquemia (bloqueo de las arterias) que padecía”, describió.
“Cualquier persona, aún sin ser médico, sabe que una arteria bloqueada se debe desobstruir, y si esto no pasa a nivel abdominal, se produce todo lo que Liliana padeció después: necrosis de sus órganos y muerte tisular, que en la autopsia se encontraron ambos riñones, hígado e intestino delgado necróticos, la falta de irrigación sanguínea provocó la muerte de cada uno de ellos”, explicó.
“Creí, confié y esperé hace meses que la promesa de la fiscal se cumpliera. No solo sentimos con mi abogado y mi familia decepción, sentimos que la justicia nos defraudó. Le manifesté a la fiscal que ‘volvieron a matar a Liliana’, y lo sentimos así porque nuestro corazón, que ya estaba roto, vuelve a sangrar. La Ley Nacional de Víctimas, que nos ampara ante el pedido de justicia y el pedido de participación en nuestras causas, esta vez no se cumplió. No tenemos la obligación de presentar peritos ni abogados, la acción pública es deber del Ministerio Público Fiscal. Pero nos ignoraron, nos engañaron y nos defraudaron”, se lamentó.
“La muerte por isquemia es uno de los padecimientos más dolorosos que puede sentir un ser humano. El índice de muerte es del 22% solo en pacientes que no son diagnosticados precozmente, de avanzada edad y con muchas comorbilidades. No era el caso de Liliana. Su muerte era evitable, y Fiscalía no se tomó la molestia ni siquiera de entender la diferencia entre la enfermedad que mató a Liliana y la que erróneamente diagnosticaron”, protestó.
“¡No tiene perdón, no tienen justificación, no tienen alma! Descansá en paz Liliana. Luché todo lo que pude. Recién cuando lo vivan, cuando le pase a uno de sus seres queridos, quienes tienen en sus manos el poder de impartir justicia sabrán lo que se siente. ¡Tu vida fue muy valiosa! Luchadora, aguerrida, empática, solidaria y tan necesaria. ¡Todo lo contrario a los que tuvieron en sus manos la capacidad de buscar tu verdad material!”, se despidió Lorena de su hermana Liliana.