Aparecieron los documentos que indican a Aguilera como dueño de las imprentas

Casi siete horas duró la declaración del único testigo que expuso en el juicio al ex gobernador Sergio Urribarri, aunque hubo veinte minutos, quizá media hora, determinantes para el devenir del debate. El momento que podría marcar un quiebre en el juicio ocurrió pasadas las 12.30, luego de que el ingeniero Guillermo Javier Fritz, integrante del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, discurriera sobre su formación académica, profesional y otras divergencias que terminaron siendo un precalentamiento. Al promediar la testimonial, la fiscal Patricia Yedro hizo exhibir en pantalla un documento, que en rigor era una especie de contradocumento privado, que exponía a Juan Pablo Aguilera como dueño de las empresas Next SRL y TEP SRL. El documento estaba en un archivo dentro de un disco rígido externo secuestrado el 1 de agosto de 2016, durante el allanamiento a las empresas, en calle Racedo 415. El pendrive, que terminó siendo clave para la investigación por la información que almacenaba, apareció en la casa de una docente jubilada, lindera a las empresas gráficas, y entregada al fiscal Santiago Brugo, que llevaba adelante la investigación. El ingeniero Fritz hizo una declaración extensa y por momentos tediosa por el lenguaje técnico que utilizaba para explicar su trabajo de resguardo y recuperación de archivos contenidos en las computadoras, teléfonos celulares y elementos de almacenamiento de información secuestrados durante la investigación. Pero el momento clave se produjo pasado el mediodía, cuando la fiscal Yedro le indicó una ruta para llegar a un documento que almacenaba el disco rígido externo y le pidió que leyera. Entonces explotó la bomba. La cláusula primera esboza la primera revelación: “Que es propietario/a aparente de la cantidad de – – – cuotas sociales del capital social de TEP SRL/Next SRL constituida por instrumento privado y cuya copia se encuentra en trámite de inscripción ante la Dirección General de Personas Jurídicas de la provincia de Entre Ríos”. Siguiendo la hipótesis de la fiscalía, se puede inferir que los casilleros que faltan deberían ser completados con los nombres de Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Romeo Sena, respectivamente. ¿Cuál es esa hipótesis? Que Giacopuzzi y Sena son prestanombres que en realidad esconden el nombre de verdadero dueño. Desentrañar esa cuestión es, probablemente, la clave de este juicio porque es lo que sostiene la acusación en cuanto a que Aguilera, cuñado del ex mandatario, constituyó ambas firmas en el año 2009, cuando Urribarri ya era gobernador de la provincia, “con el objeto de centralizar la contratación de publicidad en la vía pública”. La cláusula segunda es aún más explícita: “Que conforme la apariencia reconocida expresamente, reconoce también a Juan Pablo Aguilera DNI – – – como único propietario y titular de las referidas participaciones sociales por corresponderle su parte en dicha sociedad a esta última como consecuencia de los antecedentes de constitución de la sociedad”. Una tercera cláusula refuerza las revelaciones anteriores: “Que ante el primer requerimiento que Juan Pablo Aguilera le efectúe, se obliga a suscribir en el plazo de diez días corridos la correspondiente documentación de transferencia de las mencionadas cuotas a su favor o a favor de quien Juan Pablo Aguilera indique o le suceda por cualquier título, entre ellos, la sucesión hereditaria. Lo expuesto bajo apercibimiento de responder por los daños y perjuicios que la negativa y/o demora le irroguen a Juan Pablo Aguilera y/o su sucesión”. El documento no tiene fecha precisa ni aparecen firmas al pie. En el encabezado, sin embargo, hay una mención a que habría sido confeccionado en abril de 2014. De hecho, el ingeniero Fritz determinó al momento al momento de hacer su pericia informática que había sido creado el 14 de abril de 2014 a las 12.36 por un tal “Lisandro” y la última modificación había sido efectuada el 16 de julio de 2014 a las 10.11 por “Juan” (¿Aguilera?). Como se dijo, el documento no está firmado ni tiene los datos completos de los suscribientes. Este punto pareció inquietar al abogado Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri, quien puso eso de manifiesto y enfatizó que no obstante se utilizaba para sostener una imputación penal contra Aguilera. “No sabemos si lo firmó alguien, si no lo firmó nadie, de donde salió, esa es la pregunta”, que queremos hacerle al testigo, bramaba Barrandeguy. Pero la fiscal le respondió que no era algo que le interesara preguntar y que podría hacerlo a su turno, lo que no ocurrió. Fuente: Página Política