Al ritmo de la corrupción

Lejos de ser patrimonio exclusivo de los políticos y el sector público, el fenómeno no podría existir sin la participación de los privados y la anuencia de la sociedad; cuáles son los efectos reales del mal que se ha vuelto endémico en la región.o

Por Florencia Carbone

Especial para El Día

 

Los acordes tangueros retumban en la región. Pero no se trata de uno de los maravillosos clásicos del Río de la Plata, sino de una versión deformada y maligna que se hace fuerte y se extiende en América latina: la corrupción.

“La corrupción es como el tango, hacen falta dos para bailarlo”, dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (IT por sus siglas en inglés), una ONG que cada año elabora el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en el mundo.

Rubio responde de ese modo cuando se le pregunta sobre el rol del Estado y del sector privado en el tema. “En los escándalos de corrupción siempre hay alguien que da y otro que recibe. El grado de participación puede variar. Pero queda claro que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de la dirigencia política, sino un problema de toda la sociedad”.

No sólo se trata del robo o la apropiación de bienes y recursos ajenos para uso propio, ocurre que esa “desviación” tiene efectos tan poderosos que son equiparables casi con un gran truco de magia. La corrupción logra que desaparezcan hospitales, escuelas, desagües, puentes y caminos, entre otras cosas.

“Es importante combatir la corrupción porque además de generar desconfianza en las instituciones y de debilitar la integridad y la esencia de la función pública, implica la malversación de fondos y recursos que, bien aplicados, redundarían en un beneficio para la comunidad. El dinero que va a los bolsillos de los funcionarios corruptos no se utiliza para equipar hospitales o escuelas; el dinero que se invierte en una obra innecesaria sólo beneficia a los empresarios y funcionarios involucrados en el negocio. A más corrupción, menos calidad de los servicios públicos, menos desarrollo y más pobreza”, comenta Rubio.

IT advierte en su Informe Global de Corrupción 2008 que en los países de bajos ingresos “la corrupción desenfrenada pone en peligro la lucha mundial contra la pobreza, y amenaza con frustrar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU”. Según las cifras que manejan, los niveles de corrupción rampantes sumarían 50.000 millones de dólares al costo que supone alcanzar los ODM en materia de agua y saneamiento.

Huguette Labelle, presidenta de IT fue contundente: “En los países más pobres, los niveles de corrupción pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, si lo que está en juego es el dinero destinado a hospitales o al agua potable”, y agregó: “Los altos niveles de corrupción y pobreza constantes que asolan a muchas de las sociedades del mundo representan un desastre humanitario continuo que no puede ser tolerado. Pero incluso en países más privilegiados, en los que la desigualdad en la implementación resulta inquietante, se requiere una iniciativa más activa en la lucha contra la corrupción”.

Coincidió Marcelo Paladino, decano del IAE Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral: “El problema no es sólo económico, sino institucional, social y humano”.

El IAE incorporó la temática de modo orgánico desde sus inicios, pero luego dio un paso más y creó el Centro de Gobernabilidad y Transparencia en la Empresa, cuya misión primordial es promover en las compañías políticas y prácticas que ayuden a transparentar sus acciones y resultados, resguardando su integridad organizacional y la de sus directivos y colaboradores.

Volviendo a la teoría del “tango”, queda en claro que si se quiere hablar de corrupción –y de las posibles vías para combatirla y erradicarla- es necesario que la mirada no se restrinja al ámbito público.

¿Cuál es el rol del Estado y cuál el del sector privado en el tema?

Para Oscar Ortiz González, Director del Programa de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción de la Presidencia de Colombia, en materia de corrupción todos tenemos un papel que jugar: el Estado, las empresas y los ciudadanos.

“Hay que comprender que no sólo hay corrupción en el sector público, que el sector privado también padece una corrupción que le es propia, que no se activa únicamente en su interrelación con el Estado. El Estado tiene la obligación de trabajar en la esfera de la cultura de la probidad y de conquistar las condiciones institucionales requeridas para garantizar mayores niveles de modernización, eficiencia y transparencia: El sector privado debe autorregularse y subir sus estándares con respecto a los establecidos en la normatividad vigente; debe avanzar en transparencia y promover la cultura de la denuncia. Y la ciudadanía debe ejercer su derecho político fundamental de controlar el poder político y su obligación de participar en los asuntos públicos, por lo menos en Colombia en dónde control y participación están consagrados en la Constitución Política”, dijo.

La presidenta de IT habló de una red social igualmente amplia: “Detener la corrupción requiere de un riguroso control a través de los parlamentos, las autoridades de justicia, los medios de comunicación independientes y una activa sociedad civil”.

Según Labelle, cuando estas instituciones son débiles, la corrupción aumenta sin control, con consecuencias nefastas para la población común y, en un sentido más amplio, para la Justicia y la igualdad en la sociedad.

Durante la presentación del informe global sobre corrupción, en septiembre pasado, hubo un llamado de atención para los países del Primer Mundo y sus empresas.

“El desempeño cada vez más deficiente de algunos países exportadores del grupo de los más ricos, evidenciado en los marcados descensos de algunas naciones europeas en el IPC 2008, pone aún más en duda el compromiso de los gobiernos de controlar los métodos cuestionables empleados por sus compañías en la adquisición y gestión de empresas en el extranjero, además de las inquietudes que se plantean en el ámbito interno en cuestiones como la función del dinero en la política. La aparición constante de escándalos de sobornos en el extranjero, señala el incumplimiento más grave por parte de los países más ricos del mundo de la promesa de mutua rendición de cuentas en la lucha contra la corrupción. Esta doble moral es inaceptable y desconoce los estándares legales internacionales”, precisó.

Los recientes y numerosos escándalos de fraude en el nivel corporativo dejaron al descubierto la vulnerabilidad del sector privado y su corresponsabilidad en la lucha contra la corrupción.

¿Existe el denominado doble estándar entre las grandes empresas del mundo? Rubio dice que, aunque no se puede generalizar, “algunas empresas adoptan y cumplen  estrictos códigos de ética empresaria en sus países de origen y no se ajustan a las mismas reglas cuando hacen negocios en otros”.

Pero, ¿por qué hay corrupción? ¿Tiene que ver con la pobreza, los malos salarios, la falta de controles?, ¿o es una “cuestión cultural”?

Desde Colombia, Ortiz González opinó: “Más que de causas de la corrupción, prefiero hablar de condiciones que favorecen la corrupción, por que así no parece un asunto inexorable. Creo que existen diversas circunstancias que favorecen la corrupción. En Colombia, por ejemplo, la impunidad, la ineficiencia de la Justicia, la percepción de ausencia de sanciones y la baja probabilidad de ser descubierto, la cultura de la ilegalidad, una débil sanción social, el apego al atajo y al dinero fácil, la creencia de que las oportunidades son para tomarlas, la mala imagen de quienes denuncian o delatan, la indiferencia de la ciudadanía frente a lo público o a lo colectivo, nuestra propia debilidad institucional, la opacidad que en ocasiones eclipsa las instituciones, la falta de efectividad, el descontrol, la discrecionalidad, el exceso de trámites, la asimetría en el acceso a la información; el narcotráfico y las organizaciones armadas al margen de la ley, las actividades ilícitas, la abundancia de dineros ilícitos con su consecuente blanqueado de activos, la captura del Estado y de la democracia misma, el clientelismo, el apoyo electoral a cambio de “favores” (acceso a servicios, cargos, contratos) o la utilización de la administración para fines proselitistas, se han constituido todas en circunstancias, condiciones o hechos que han servido de caldo de cultivo para la corrupción”.

Rubio, por su parte, dijo no creer que altos sueldos en la administración pública garanticen que no habrá corrupción. “El problema está en los controles institucionales eficientes, para lo cual el órgano de control debe ser independiente y contar con medios y competencias para actuar. Debe haber reglas claras. Hay además un problema cultural. Una sociedad en la que predomina el “roban pero hacen” como orientador del voto, no genera anticuerpos contra la corrupción. Por el contrario, establece una especie de resignación frente a la corrupción como algo inevitable. Mientras no haya una demanda de transparencia y honestidad por parte de la ciudadanía, será difícil llevar adelante una lucha efectiva contra la corrupción de los funcionarios. El problema de la corrupción es multifacético y además está vinculado a las características de cada sociedad en cada momento histórico. No hay recetas universales para la lucha contra la corrupción. Lo que sí existe es una serie de estándares o reglas mínimas, consagradas en convenciones internacionales como las de la OEA, las Naciones Unidas o la OCDE, que los países se comprometen a implementar y adaptar a sus realidades en la lucha contra la corrupción”, sostuvo.

 

Por el vecindario

Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Dónde está parada hoy América latina y cuáles son las perspectivas a mediano plazo para la región?

Rubio comentó que en el IPC de Transparencia Internacional, que mide 180 países (ver cuadro), hay países “que sacan muy mala nota pero también otros que son percibidos como poco corruptos. Argentina no logra salir del aplazo con un 2.9; Nicaragua, Venezuela y Ecuador obtienen una calificación peor aún, pero otros países como Chile, Uruguay, Costa Rica y Colombia están mejor ubicados. Los países latinoamericanos suscribieron la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y se han obligado a ajustar sus leyes y diseños institucionales a unos estándares mínimos. Está claro qué se puede hacer, el tema es que exista voluntad política para poner en marcha los procesos y una demanda de transparencia por parte de la sociedad. En el caso particular de la Argentina, lamentablemente vemos pocos progresos reales en la lucha contra la corrupción y esto tiene que ver con un estilo hegemónico de gobierno y la no aceptación de la idea de que en la república el poder no es absoluto, sino limitado y por lo tanto sujeto a controles y restricciones”.

¿Por qué se cree que hay mayor corrupción en los países menos desarrollados?, se le preguntó.

Ortiz González respondió que tal vez eso obedece a que se asocia la idea de corrupción con pobreza. “Se cree que a mayor pobreza, mayor corrupción porque los Estados pobres no están en capacidad de garantizar el acceso a los derechos a todos sus ciudadanos, porque suelen tener sistemas judiciales más débiles y permeables, porque no tienen acceso a la tecnología que les permite adoptar mayores niveles de transparencia, y por que suelen ser Estados que no han abordado íntegramente procesos de modernización que les permitan ser más eficientes. Sin embargo, creo que hay algo de perversidad en el argumento porque por la vía de la deducción podríamos afirmar entonces que el problema de la corrupción está únicamente asociado a las disponibilidad de recursos económicos en una sociedad, y que los pobres son más corruptos que los ricos; y yo no creo que ninguna de las dos cosas sea cierta. Tanto la primera como la segunda afirmación dejan por fuera la dimensión cultural del fenómeno: el divorcio entre ley, moral y cultura que hace referencia a la falta de congruencia entre la regulación cultural del comportamiento y las regulaciones morales y jurídicas del mismo. En Colombia, por ejemplo, ese divorcio se expresa en el auge de la violencia, de la delincuencia y de la corrupción. También en la ilegitimidad de las instituciones, en el debilitamiento del poder de muchas de las tradiciones culturales y en la crisis o debilidad de la moral individual. La violencia y la corrupción crecen y se consolidan porque llegan a ser comportamientos culturalmente aceptados en ciertos contextos. Se toleran así comportamientos claramente ilegales y con frecuencia moralmente censurables”.

Los números son un llamado de atención.

La región tiene una gran deuda pendiente.

Pero no todo está perdido. La corrupción puede darse en cualquier sociedad, en cualquier rincón del planeta. El secreto para vencerla reside en la actitud de los ciudadanos frente a la cuestión. Esa parece ser el arma más poderosa para “ayudar” a que los buenos deseos del sector público y privado se hagan realidad.

Sólo es necesario poner manos a la obra.

Las zonas de mayor riesgo

La relación entre corrupción y “entorno de negocios” es mucho más estrecha de lo que cualquiera puede suponer.

“La percepción de corrupción afecta el entorno de negocios porque es uno de los factores que deteriora la seguridad jurídica indispensable para las inversiones”, sostiene Delia Ferreira Rubio, presidenta de Poder Ciudadano.

“Uno de los cimientos del mundo de los negocios es la confianza. Y la confianza es la primera que se menoscaba con la corrupción”, agrega Oscar Ortiz González, director de la oficina anticorrupción de Colombia.

El profesor Johann Graf Lambsdorff, de la Universidad de Passau, responsable de elaborar el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) para Transparencia Internacional, destacó los nefastos efectos de la misma y los beneficios de combatirla, al señalar que “las pruebas indican que una mejora en el IPC de un punto [en una escala de 10 puntos] incrementa el ingreso de capitales en un 0,5% del Producto Bruto Interno de un país y los ingresos promedio hasta un 4 por ciento”.

¿Existen factores que predisponen a la corrupción, como el tamaño o rubro de las empresas, o la ubicación geográfica del país o empresa? Rubio advierte que “la corrupción puede aparecer en cualquier sector en que haya una vinculación con el Estado y un negocio lucrativo de por medio. Hay zonas de riesgo mayor como la obra pública, la explotación de recursos naturales, el transporte y todas aquellas actividades del Estado vinculadas al control de actividades ilícitas muy lucrativas, como el tráfico de armas o el narcotráfico”.

Ortiz González señala de modo especial la construcción de obra pública. “Cuando se trata de recursos públicos hay pocos dispuestos a cuidar de ellos y la mayoría se invierten en la construcción de infraestructura”.

De qué se trata

Transparencia Internacional elabora el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) cada año. El mismo mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. El IPC 2008 clasificó 180 países (la misma cantidad que en 2007) en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción).

Está construido en base a una encuesta de encuestas y, como su nombre lo indica, el trabajo captura la “sensación” de corrupción.

Los datos se obtienen de sondeos a expertos y a empresas realizados por varias instituciones independientes y acreditadas. El IPC refleja opiniones de todo el mundo, incluyendo aquellas de expertos que residen en los países evaluados. Para evitar respuestas extremas, se calcula con información recolectada en los últimos dos años.

En la última edición, Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten la mayor puntuación (9,3), seguidos por Singapur (9,2), Finlandia y Suiza (9).

Los primeros países de la región que aparecen en la tabla son Chile y Uruguay, en el puesto 23, con 6, 9 puntos. Luego Brasil (en el puesto 80, con 3,5 puntos); Argentina está en la posición 109 (2, 9 puntos). Al final de la tabla aparecen Haití, Irak, Myanmar y Somalia.