Al ritmo de la crisis y la pérdida de fuentes de trabajo, aumentan los juicios laborales

Los problemas que atraviesa el entramado productivo de la provincia se han ido recrudeciendo paulatinamente con la recesión, la baja del consumo y la apertura de importaciones, lo que empieza a provocar despidos, ya que es más económico importar que fabricar los productos en el país. Esta situación ha hecho que empiecen a perderse fuentes de trabajo y, por lo tanto, comiencen a incrementarse las disputas legales entre los trabajadores y las empresas, además de la litigiosidad vinculada a los accidentes laborales, que es lo que más preocupa a los empleadores.

En este contexto, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) realizó un informe sobre el panorama de Entre Ríos, que da cuenta de los principales problemas a resolver, del cual se hizo eco la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), que viene participando de reuniones junto al Gobierno provincial y demás entidades público-privadas, cuyo tema es materia de preocupación.

Dentro de las principales conclusiones, se destaca que Entre Ríos arrastra dos años consecutivos con un aumento de juicios laborales por encima de la media de la Argentina. En 2024 creció un 12% en la provincia y 7% en el total del país, mientras que en 2023 incrementó 39% y 26%, respectivamente.

El estudio marca además la baja progresiva en la siniestralidad, que disminuyó de 36,4 en 2023 a 31,8 cada 1.000 trabajadores en 2024. Sin embargo, como contrapartida, aumentó la judicialidad: el índice pasó de 60,42 en 2023 a 69,19 en 2024 de casos cada 10.000 trabajadores; incluso en 2022 había sido de 44,88.

Al analizar casos por sectores, la industria manufacturera entrerriana se ubica primera, con un aumento porcentual del 119% en la cantidad de juicios durante la comparativa de 2021 a 2024. El promedio entre todos los sectores económicos en ese mismo período se incrementó un 55%.

Cuando el informe pone foco en la industria, se concentra la principal cantidad de juicios laborales en “matanza, preparación y conservación de aves”, con 321 juicios en 2024 un aumento del 166% en relación a 2021. Le siguen el sector foresto industrial, los frigoríficos de carne vacuna, la fabricación y armado de carrocerías, entre otros.

Entre otras conclusiones, sobre el mismo período comparativo, se destaca cómo aumentó la cantidad de juicios según el tamaño de empresas: de 101 a 1500 trabajadores creció 76%; en empresas de más de 1.500 trabajadores 66%; en empresas de 11 a 50 trabajadores un 53%; en empresas de 51 a 100 trabajadores un 46%; en empresas de 1 a 10 trabajadores un 18%. El promedio total es del 55%. 

 

¿Qué ocurre en Gualeguaychú?

Para conocer más de la problemática en nuestra ciudad, Ahora ElDía consultó a la abogada Mariana Farfán, exconcejal, exdiputada provincial y actualmente una de las representantes legales del sindicato de Químicos y Pretroquímicos.

En primer lugar, marcó que “en general el tema de los despidos en los privados ha aumentado, y han tenido mayor ligitiosidad, obviamente que está relacionado con la crisis económica, a la apertura de importaciones que hace cambiar el sistema de producción  e impacta en el plantel del personal”.

La letrada precisó también que “hay muchas consultas que no llegan a juicio en el ámbito público, tanto a nivel nacional, provincial y local, sobre si corresponde indemnización o no… hay muchos con contrato de locaciones de servicios y hay temor de litigar contra el Estado, ya que muchos despidos están atravesados por cuestiones políticas y además hay un resultado incierto al no ser personal de planta permanente”.

Sobre las causas del aumento de la litigiosidad, planteó que “la Ley Bases ha tenido un impacto en lo que respecta a las medidas de fuerza de los sindicatos, ya que ha limitado las medidas de acción directa y habilita un despido a quienes bloquee u obstruyan un establecimiento. Esto ha generado el cercenamiento del derecho a huelga, y ha envalentonado a los empleadores a hacer despidos. En Tribunales, en algunos casos, se prioriza el derecho a huelga y en otros no”.

Farfán argumentó que “cuando hay crisis hay mayor litigiosidad; recuerdo cuando vino el corralito, eran innumerables, esos juicios se dan en un contexto político de medidas coyunturales. En general son despidos en los que la empresa alega que ha bajado la producción, se reconvierten y achican su planta; las importaciones han impactado muchísimo”.

Por otra parte, alertó que “otros litigios que han aumentado por parte de los trabajadores es contra las obras sociales por el recorte de prestaciones o las negaciones a cubrir algunos estudios, y el mayor aumento se ve en PAMI y IOSPER, que son las que tienen mayor cantidad de afiliados, ha habido muchos amparos. Son procedimientos de plazos abreviados, que en menos de un mes puede haber una sentencia o medida cautelar, por lo general son cuestiones urgentes de salud”.

Consultada sobre la existencia de una “industria del juicio”, opinó que “para iniciar un juicio y ganarlo tiene que haber un incumplimiento del empleador, sino no prospera. La industria del juicio es un discurso que se tiene hace tiempo, pero creo que lo único que hay es conciencia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sólo se gana un juicio si podés probar un incumplimiento legal de la parte empleadora”.

Además, marcó que queda un estigma sobre quienes llevan a cabo un juicio: “en general  se da en ciudades chicas en las que hay vinculación entre los empleadores, se dicen ‘ojo que este te mete juicio’; hay un estigma hacia el que lleva sus reclamos a la Justicia”.

La abogada aclaró que “los juicios llevan años, hay que transitar todas las instancias y por eso muchas veces hay acuerdos previos o antes de la sentencia. Hay empleadores que especulan con eso y hay otros que han sufrido la crisis económica y hacen un ofrecimiento acorde a sus recursos”. Y agregó: “El problema de los despidos es la reinserción al mercado laboral, tienen un impacto social muy importantes”.