Ahí está la plata: hay que reclamarla

No hay razón alguna para aceptar en silencio el ahogo de las finanzas provinciales. La solución de los actuales apremios está al alcance de la mano. Pero hay que animarse.Mario Alarcón MuñizEsta semana comenzará en la Legislatura entrerriana el estudio del presupuesto 2013. Por lo que se observa hasta ahora, el proyecto del Poder Ejecutivo no será modificado, salvo en cuestiones menores.Vale destacar que en los últimos 80 años (desde la Constitución de 1933 que estructuró el formato actual de la Legislatura), ha sido Urribarri el gobernador con mayor respaldo de las cámaras. Ni en los mejores tiempos de Perón y sus gobernadores (Maya, Albariño, Texier) el oficialismo consiguió el dominio cómodo  que desde diciembre ejerce sobre la Legislatura.  Claro que estas ventajas políticas hacen más pesadas ciertas responsabilidades, principalmente la del presupuesto.No presenta mayores novedades el proyecto. En general los números varían en función del proceso inflacionario. Aunque se lo niegue o se lo relativice, es imposible esconderlo. En las cifras oficiales aparece. Se observan aumentos de partidas de salud (26%), educación (21%), minoridad (21%), comedores escolares y gastos alimentarios (29%), obras públicas (30%), coparticipación a municipios (25%) y personal (28%), aunque en este rubro sin hacer referencia alguna a aumentos de sueldos. En rigor los índices -puntos más, puntos menos- responden a las exigencias de la inflación. En trazos gruesos se trata del mismo presupuesto.Todo según la inflaciónEs tan similar al presupuesto vigente que también el déficit se le parece y hasta supera a la inflación. De un desequilibrio preventivo de 1.000 millones de pesos aprobado hace casi un año, la cifra se eleva a 1.400 millones para 2013. El PE programa 22.500 millones de gastos que cubrirá con 21.100 millones de recursos. Esto quiere decir que las cuentas no cierran. Es otro presupuesto deficitario. En consecuencia la provincia seguirá endeudándose.Al finalizar el último año la deuda provincial consolidada totalizaba 4.040 millones de pesos, según lo confirmó en su momento el ministro de Economía, Diego Valiero. A esa cifra se le añadía entonces una deuda flotante de 1.900 millones aproximadamente.Dentro de aquella deuda consolidada cabe señalar que 2.321 millones se adeudan a la Nación, según el compromiso firmado en diciembre último y presentado como "plan de desendeudamiento" de las provincias, cuando en realidad se trata de una refinanciación, pues no hay reducción alguna de la deuda. La ventaja consiste en el menor índice de intereses y la amplitud del plazo de pago hasta 2030. Pero habrá que pagar.Más deuda, menos salariosMientras tanto, el gobierno sortea las dificultades financieras con la emisión de letras de Tesorería y títulos de la deuda pública. En buen romance, aumentando la deuda "para cubrir diferencias estacionales de caja" (decreto 2906), mediante la afectación de los fondos de coparticipación federal en garantía. Las emisiones de letras hasta 370 millones de pesos y de títulos de la deuda pública hasta 500 millones, operaciones autorizadas este año, revelan la importancia del problema financiero entrerriano.De ahí que no se hayan previsto aumentos de sueldos al personal estatal. Los gremios se están quejando, por ahora a media voz. No piden demasiado: apenas un lugar en la mesa de discusión del presupuesto. Han advertido, además, que en el proyecto en estudio  no aparece el artículo 15° de la ley en vigencia, que destina prioritariamente a la recomposición salarial el eventual aumento de la recaudación fiscal.Quien se lleve por los habituales informes de la ATER (Administración Tributaria) dando cuenta del  "constante crecimiento" de los ingresos fiscales, no entenderá nunca por qué no se vuelca la diferencia a la mejora de salarios. El último aumento fue del 19,6% (14,6%  en mayo, 5% en julio) y no hay perspectivas de mejoras, según suelen lamentarse varios funcionarios.No desesperar, sino actuarSin embargo, todo esto tiene solución, sin necesidad de lastimar a nadie. Simplemente reclamando la coparticipación federal. En primer lugar -y ya otras veces lo hemos dicho- el 15%  que el gobierno nacional retiene para compensar el deterioro que causaban al régimen previsional las AFJP. Desaparecieron estas empresas en diciembre de 2008. En octubre de 2012 no se advierte  razón alguna para que el Estado nacional siga manoteando ese margen, cuyo reintegro alcanzaría en Entre Ríos -hasta hoy, 46 meses- a más de 1.500 millones de pesos.La ley nacional 23.548, vigente desde 1988, estableció (art.3°, inc.b) en 54,66% el índice de distribución a las provincias de los impuestos nacionales, mediante la aplicación de una fórmula polinómica. Garantiza un piso (art.7°) que en caso de aplicarse le significaría a Entre Ríos, sólo por el primer semestre de este año, un ingreso básico de 1.329 millones por encima de lo que actualmente percibe. En el año serían 2.700 millones de ingresos no calculados por la actual administración.Se supone que esta plata alcanza para ciertas cosas. Por ejemplo, la UADER (algo más de 300 millones por año), los sueldos de docentes y estatales, las mejoras edilicias que a gritos están pidiendo decenas (¿o más?) de comunidades educativas, varias rutas (la 20 ¡qué horror!, la 51 ni hablar, la 11 en buena parte) y los hospitales que dan lástima, entre otros muchos problemas a solucionar con recursos que tenemos y son genuinos. Nos corresponden. Sólo hay que reclamarlos. Golpear donde se debe.