A un mes del fallo de la Corte Suprema, aún sigue todo igual en el predio de Amarras

Amílcar Nani 

Hace un mes atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Municipio de Pueblo Belgrano y la empresa “Altos de Unzué”, constructora del barrio náutico Amarras, donde las obras que se hicieron generaron la crecida del río e inundaciones. De esta manera, la Corte Suprema ordenó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos que accione los mecanismos necesarios para que la firma desmantele la obra en 180 días y comience con la "demolición y desmantelamiento y recomposición del ambiente, volviendo las cosas a su estado anterior", tras detectar "la alteración negativa del medio ambiente".

amarras agosto 2021 (4).jpg

Sin embargo, a 31 días del fallo de la Corte Suprema, todo sigue igual que antes. En el predio donde se iba a construir el barrio náutico Amarras se ven aún las huellas de lo que se erigió. Calles con luminarias, descampados que antes estaban poblados de árboles, quinchos y espacios comunes que nunca llegaron a estrenarse y, lo más grave, todas las obras que terminaron desviando el curso del río y la inexistencia de los humedales que antes contenían el agua de las crecidas que ahora terminan en el casco urbano de Gualeguaychú. La empresa, además, tampoco presentó algún plan de desmantelación y restauración a al estado natural del predio, por lo que hace pensar que no piensan hacer nada al respecto.

amarras agosto 2021 (9).jpg

“Lo único que podemos hacer es esperar que pasen los 180 días, eso desde el punto de vista jurídico. Pero no queremos llegar a ese punto”, explicó a ElDía el exsenador provincial Julio Jesús Majul, quien presentó la demanda contra el barrio náutico con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Weimberg, Selva Chesini y Luis Leissa. “No soy técnico ni quiero serlo, pero me informaron que demoler todo y volver las cosas a cómo estaban antes es tanto o más caro que construir lo que hicieron. Va a ser mucho dinero el que se tiene que invertir. La única expectativa pequeña que nos queda es que la Secretaría de Ambiente se ponga los pantalones y haga cumplir la orden del STJ”, amplió Majul.

amarras agosto 2021 (12).jpg

“Ellos tienen 180 días para remediarlo. Ellos pueden presentar un plan para remediarlo mañana, en una semana, en un mes o cuando quieran. La condena para esto es que en 180 días restauren todo a su estado natural, pero lo cierto es que nadie sabe cómo se hace eso. Yo soy abogada, por eso necesitamos especialistas para saber cómo arreglar esto que se ha dañado en tal magnitud. Estamos esperando que presenten un plan de remediación y esperamos que lo hagan en un tiempo prudencial. En caso de que no lo hagan, accionaremos. Ahora no tenemos la posibilidad de intimarlo porque no pasaron los 180 días. Y está más que claro que si no presentan un plan de remediación, presuponemos que no lo van a hacer”, informó por su parte a este medio Selva Chesini, concejal de Gualeguaychú por Creer Entre Ríos y abogada patrocinante de la demanda que logró el fallo de la Corte Suprema.

amarras agosto 2021 (5).jpg

¿Quién se hace cargo? Como se ha mencionado más arriba, pasó un mes del fallo, y todo sigue exactamente igual. Y por supuesto, cuando se comienza una construcción artificial en un entorno natural y agreste, todos conocen cómo va a avanzar todo. Pero, por el contrario, nadie tiene la menor idea sobre cómo se restaura un predio a su estado salvaje. Para esto hay que convocar a técnicos y especialistas que sepan sobre el tema y dirijan los lineamientos para que se logre el objetivo. Y en este desconocimiento entre, por supuesto, el tema de los costos. Monetariamente hablando, esto puede ser tanto o más costoso que levantar las estructuras que ahora yacen inerte entre los yuyos que crecen.

amarras agosto 2021 (3).jpg

“Imaginemos que pasan los 180 días y la empresa Altos de Unzué se declara en quiebra. Al final va a terminar siendo la Gobernación y el Municipio de Pueblo Belgrano los que terminarán pagando millones de pesos para hacer el trabajo de demolición”, aventuró Majul en declaraciones a ElDía. “Altos de Unzué, el Municipio de Pueblo General Belgrano y la Gobernación son los tres que están condenados por igual. Pero nuestra intención es que la empresa se haga cargo de esto, porque de lo contrario lo terminaremos pagando todos nosotros o la comunidad de Pueblo Belgrano, que no tienen la culpa de las decisiones de un intendente que actuó haciendo caso omiso a las leyes y que termina condenando a los 5000 habitantes. Si la empresa declara la quiebra, lamentablemente los costos de esta restauración caerán en el Municipio y la Gobernación”, amplió por su parte Chesini.

amarras agosto 2021 (6).jpg

“Desconozco si demoler lo que se hizo en Amarras y restaurar el estado natural es más caro o no en comparación a lo que construyeron. Pero no mido esto por costos económicos. Para mí la cuestión ambiental no es una cuestión económica. No hay ninguna manera que para mí pese más lo segundo que lo primero. No hay fundamento para eso. Es la defensa de bienes comunes, y eso está más que claro”, remarcó la abogada Chesini, quien inmediatamente agregó que “lo importante es que gracias a esta acción y la condena de la Corte Suprema nos salvamos de tener cientos de estos emprendimientos a lo largo del corredor del río Uruguay. E inclusive, el beneficio que generamos con este fallo no es solamente para el pueblo de Gualeguaychú, sino para todo el país, porque sentó jurisprudencia”.

amarras agosto 2021 (1).jpg

“La lucha continúa, por supuesto. Es más, esto recién empieza. La diferencia es que por fortuna ahora contamos con un fallo de la Corte Suprema. Pero tenemos que seguir accionando para que el STJ y la Secretaría de Ambiente actúen como corresponde. En teoría, ganamos. Pero en la práctica aún falta mucho”, concluyó Julio Majul.