DÍA DE ACCIÓN GLOBAL DE ACCESO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO
28S: Mujeres y Diversidades marcharon por sus derechos en todo el país y Gualeguaychú no fue la excepción
Este jueves se llevó a cabo en diferentes partes de la Argentina una marcha en favor de la salud, la educación y la soberanía.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la movilización convocada con réplicas en las provincias, se llevó a cabo a partir de un proceso asambleario llevado a cabo luego de los resultados de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto.
En Gualeguaychú la concentración partió de calle 25 de mayo y Rocamora y la encabezaron Orgullo Gchú y Enredada Feminista Gualeguaychú - Pueblo Belgrano. La marcha tuvo una gran adhesión de la sociedad que se movilizó hasta la Plaza San Martín.
Una vez reunidos en el espacio público se realizó un acto formal y la lectura de un documento. Entre los reclamos que se hicieron se encontraron la protección de la salud, la educación y la soberanía que “se encuentran amenazadas por el avance de la ultraderecha, por lo que es necesario seguir organizándonos y enfrentar a quienes vienen a arrancarnos nuestros derechos”.
Además, se esgrimieron demandas en torno al derecho a la ESI y la vida digna y se pronunció en contra de “las derechas, el ajuste y el FMI”.
El documento completo
En defensa de nuestros derechos adquiridos, decimos ¡NO al avance de las derechas en Argentina!
Somos los orgullos y los feminismos de Entre Ríos y repudiamos todo discurso de odio que atente contra nuestras libertades. Nos duele la proyección electoral de un sector de la política que nos quiere borrar de la historia, sabemos que no da lo mismo un gobierno que defiende los derechos humanos, que otros que avalan la dictadura militar.
Nos posicionamos en contra de aquellos que hacen del odio una plataforma política, porque nos preocupa que el candidato más votado de estas PASO sea un hombre que quiere eliminar la educación pública, el acceso gratuito a la salud y la presencia del Estado en la vida de los pueblos. Sostenemos que detrás de discursos de “libertad, seguridad y orden”, se encubre un autoritarismo
violento, negacionista, totalitario y fascista, que busca arrebatar los derechos conquistados en luchas colectivas a lo largo de nuestra historia Argentina.
Repudiamos enérgicamente todo tipo de discursos y acciones que vulneren derechos adquiridos y amenacen la democracia.
Nos pronunciamos en defensa de los derechos conquistados: Ni un paso atrás.
Las vicisitudes sociales y políticas actuales repercuten en determinadas tendencias que ponen en cuestionamiento todo lo relacionado con lo público. Se instala la lógica del mercado, con sus intereses economicistas, considerándonos como clientes y no ciudadanos y ciudadanas; ponderando
el rendimiento cuantitativo, la meritocracia, el individualismo y la competitividad. El ya conocido lema: “sálvese quien pueda”, “si vos querés, podés”, ubicando la responsabilidad de las condiciones
de existencia en las personas individuales, ignorando las desigualdades que el mismo sistema capitalista neoliberal genera.
Debemos defender el rol del Estado como garante de derechos y garantías, gestando cada vez más espacios de participación ciudadana, exigiendo la reglamentación de las leyes que ya conquistamos, defenderlos y ejercitarlos, pero de ninguna manera eso se logrará vaciando, achicando, destruyendo,
disolviendo el estado y sus políticas públicas, cerrando ministerios, o privatizando espacios públicos que hoy habitamos.
La apuesta es defender la democracia, el Estado, la participación ciudadana, las políticas públicas universales y los espacios públicos.
El derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales, la ciudadanía tiene derecho a su protección, no sólo por el Estado nacional, sino asimismo en el ámbito internacional.
La salud es un derecho colectivo, público y social de raigambre constitucional.
No nos olvidamos que en el 2018 bajo decreto, Macri como presidente disolvió el Ministerio de Salud; bajando dicho ministerio a rango de secretaría, lo que implicó un des-financiamiento del presupuesto de salud que repercutió directamente sobre la población en falta de medicamentos, demoras en las transferencias de recursos a las provincias, discontinuidad en el envío de leche en polvo para el programa Materno infantil, faltante de medicación en el Programa de Prevención de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular; faltante de preservativos, anticonceptivos orales e
inyectables en el Programas Salud Sexual y Reproductiva y VIH-Sida, como también la atención en hominización en personas trans, abandono de los hospitales, etc. Así la trágica enumeración podría seguir y ser más exhaustiva, aunque la idea queda clara: estos recortes, faltantes, desintegraciones,
abandonos, repercutieron en la vida de las personas frente a un abandono generalizado, sistemático y profundizado en todo el país durante el “Macrismo”.
En marzo de 2.020 nos enfrentamos a una pandemia con un sistema de salud devastado que implicó la reorganización del Ministerio para volver a poner en el centro de la escena la salud pública, accesible, de calidad al servicio del pueblo.
Para hacer frente a la pandemia de COVID-19, el sistema de salud argentino aumentó en más del 40 por ciento la disponibilidad de unidades de terapia intensiva lo cual implicó sumar camas, recursos humanos capacitados y equipamiento para brindar atención a pacientes críticos. Se construyeron 12
hospitales modulares en distintas jurisdicciones, con un estado presente que coordinó las acciones de todos los efectores de salud.
Y hoy un derecho fundamental como es la salud se ve amenazado porque no se entiende como una inversión, sino como un gasto… Privatizar la salud es atentar contra la vida de las personas.
En el año 2022, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.675, una norma construida en forma colectiva, impulsada por las organizaciones de la sociedad civil, las fuerzas políticas legislativas y diferentes organismos del Estado.
Con un enfoque de géneros y de derechos humanos, busca garantizar la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. La ley declara de interés público acciones dirigidas tanto al desarrollo de tecnologías sanitarias para un
mejor diagnóstico y tratamiento del VIH, como la promoción de la capacitación, la investigación y la comunicación.
Entre otras medidas, prohíbe la realización sin consentimiento de pruebas de diagnóstico de VIH, Hepatitis e ITS sin el correspondiente consentimiento, tanto para los exámenes pre-ocupacionales como durante la permanencia en el espacio laboral o para ingresar a instituciones educativas, por
mencionar algunos de ellos.
Además, posibilita la jubilación anticipada a aquellas personas de 50 años que viven con VIH hace 10 años, y que cuentan con al menos 20 años de aportes; y otorga una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.
La ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán - Lohana Berkins”, un hecho clave para reparar vulneraciones que se han cometido históricamente contra esta población en Argentina. A dos años de la sanción de la ley,
más de 700 personas pudieron acceder a un empleo formal y transformar sus proyectos de vida.
Antes de su sanción, cuando el país no contaba con legislación específica en la materia, 101 personas ocupaban cargos en el sector público. Luego, con el Decreto 721 del año 2020, y hasta la
promulgación de la Ley, se contabilizaron 220 puestos ocupados por personas travestis y trans. A partir de las políticas de promoción del empleo formal, aumentó más del 700 % la cantidad de personas travestis, transexuales y transgénero trabajando en el Estado Nacional.
Esta ley establece un cupo mínimo de 1 % de los cargos y puestos del Estado Nacional para dicho colectivo, con el objetivo de que travestis y trans puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad. También, establece que se deben promover acciones de concientización y sensibilización en los ámbitos laborales, prevé incentivos para que el sector privado cumpla con
esta normativa, y promueve líneas de acceso al crédito desde el Banco de la Nación de la República Argentina para esta población.
La Ley 27.610 garantiza y regula el acceso seguro y gratuito a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública, y derechos humanos de las personas con capacidad de gestar, a fin de
contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.
Esta ley fue conquistada por la marea verde en las calles de todo el país, pasaron 13 años desde que la Campaña Nacional presentó el primer proyecto de ley hasta que se logró su sanción, tras múltiples intentos año tras año. Fue de las leyes más trabajadas y debatidas de la historia de nuestro país, participaron diversas organizaciones y movimientos políticos, sociales y sindicales; organismos de derechos humanos, académicos y científicos; asociaciones y otros colectivos del campo de la salud, de la cultura y de la comunicación, entre otros. Esta ley aún no se implementa en todo el país y se ve amenazada por el avance de la ultraderecha, es necesario seguir organizándonos
y enfrentar a quienes vienen a arrancarnos nuestros derechos.
Como La Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral, que ha permitido a tantos niños, niñas, niñes y adultes a reconocer los abusos que han sufrido y sufren, contarlos y denunciarlos. Les molesta que eduquemos en libertad.
La libertad es esto, es vida sin violencias y sin abusos. Quieren que volvamos al silencio, a la vergüenza, a sentirnos culpables, por la violencia que recibimos. Vienen por la ESI porque pone en cuestión los roles de género en las casas y en las calles; y les enseña a las niñas a no ser siervas y a los niños a no ser violentos. La ESI humaniza y libera, por eso no la quieren.
-Derecho a la identidad: Para nuestras identidades es cuestión de vida o muerte contar con leyes como la Ley 26.743 de Identidad de Género, que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI acorde con su identidad de género, y garantiza el derecho de las infancias y las adolescencias a crecer en libertad. Como así también, la Ley de matrimonio igualitario, que no solo
representó una conquista de derechos con una larga trayectoria, sino la lucha por la igualdad, por la naturalización de la diversidad de familias que hacía tiempo existían —pero sin sus derechos— y por la garantía de que el colectivo LGBTIQ+ no debería ser objeto de discriminación. En otras palabras, poder amar y ser sujetos de derechos de manera igualitaria. Derecho a la educación: Nos pronunciamos en defensa de la Educación Pública, de calidad, laica, científica, inclusiva y popular. La educación pública ha sido y aún es, una gran conquista social. Es un bien común básico y esencial que hemos de seguir defendiendo y reivindicando con fuerza como parte fundamental en la construcción de un Estado democrático, como motor de crecimiento intelectual y de desarrollo social, cultural, y económico. Tras discursos libertarios, se adopta la vieja
concepción de la “neutralidad” del aparato educativo, sabiendo que no existe, ni es posible educar sin un posicionamiento ético, político, histórico, crítico. Esta supuesta neutralidad que además históricamente tendió y tiende a beneficiar a determinadas ideologías no comprometidas con el cambio social, en detrimento de la mayoría de la población.
Nos pronunciamos en contra de toda propuesta electoral que vaya en detrimento del sistema de educación pública y que pretenda privatizarlo y lo reserve para unos pocos.
Es la educación pública, gratuita, en todos sus niveles, la que permite que se acceda a ejercer un derecho esencial para la población trabajadora, propiciando la construcción de una sociedad democrática, justa y que reivindica los derechos humanos.
Derecho a un ambiente sano y soberano: Se pronuncian no solo negando el cambio climático y las acciones urgentes que el cuidado del ambiente requieren, sino que pretenden profundizar la devastación de nuestros suelos, la contaminación de nuestros ríos, la sobreexplotación de nuestros
bienes comunes y el saqueo; priorizando los intereses privados y económicos de unos pocos, por sobre el interés de la preservación y el cuidado de los bienes comunes de los pueblos. Estas son prácticas colonialistas que solo atentan contra la soberanía de los pueblos, que empobrecen y
enferman. Derecho a la protesta, las personas tenemos derecho a protestar pública y pacíficamente, de forma individual o colectiva. Las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de
expresión, de asociación, y del derecho de reunión. Defendemos el derecho a manifestarnos en las calles y repudiamos la represión y la violencia ejercida por Morales contra el pueblo jujeño.
Derechos laborales
Los convenios colectivos de trabajo implican la defensa de los intereses salariales de les trabajadores ante la patronal, donde la organización de cada sector conoce y defiende su jornada laboral establecida, determina las medidas de seguridad necesarias para el buen desempeño de las funciones, entre otras cosas. La derecha planea arrasar con todos los derechos laborales bajo el
discurso de “reforma”, planea ir contra la organización sindical, base de toda conquista de les trabajadores. Sin organización no hay lucha, por lo tanto no hay conquistas. Pretenden arrasar con toda legislación que proteja al laburante. Van contra los convenios porque quieren mano de obra barata y subyugada para incrementar la rentabilidad de sus negocios.
El concepto de “Justicia social" se refiere a la distribución equitativa de recursos y oportunidades en una sociedad. Busca abogar por los derechos de los grupos vulnerables, y promover políticas y programas que reduzcan las desigualdades sociales y económicas. Seguiremos luchando por la promoción de la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras para el acceso a los
recursos y servicios que necesitan las personas. Esto incluye el acceso a la atención médica, la educación, la vivienda, el empleo, la justicia y la participación activa en la vida comunitaria.
Por otro lado, repudiamos los dichos y acciones que cuestionan los derechos humanos, rechazamos el negacionismo que reivindica la teoría de “los dos demonios” y cuestiona los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar, defendiendo sus atrocidades, y sus políticas económicas y
sociales. Nos manifestamos en alerta frente a las provocaciones, y levantamos las banderas de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, en defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Gritamos fuerte: NUNCA MÁS.
Celebramos estos 40 años de democracia ininterrumpida con la esperanza de tener en nuestras manos nuestro propio destino. Amamos este país, como también amamos nuestros barrios, y por eso hacemos lo que hacemos. Necesitamos que en todas las esferas de nuestra vida cotidiana se dé este
debate con la profundidad que corresponde, no nos da lo mismo el mal uso de la palabra "Libertad" porque tuvimos que pelear muchísimo para ser quienes somos. Sabemos que cuando la derecha
avanza, deja de haber libertades y por eso gritamos fuerte ¡NO a las derechas en Argentina!