Urribarri volvió a pedir su sobreseimiento por vulneración del derecho de defensa

En la última audiencia de alegatos de las defensas de los imputados en la causa “Coimas”, la defensa del ex gobernador, Sergio Urribarri, pidió el sobreseimiento por entender que los hechos imputados no se ajustan a la calificación legal escogida debido a que la Fiscalía solicitó al remisión a juicio porque la pesquisa está agotada y no hay hechos nuevos, y por el principio de los plazos razonables para investigar.

Miguel Cullen se hizo cargo este viernes de los alegatos de la defensa del ex gobernador, Sergio Urribarri, en la última audiencia para que las defensas realicen sus alegatos oponiéndose a la remisión de la causa conocida como Causa Coimas, Causa del Paraguayo o Relevamientos Catastrales. Si bien Cullen alegó en la anteúltima audiencia y en esta lo harían los nuevos defensores del ex gobernador, Fernando Burlando y Javier Baños, volvió a hacerlo esta mañana porque los letrados porteños no pudieron asistir a la audiencia por problemas de agenda.

La audiencia de remisión de la causa a juicio continuará según un cronograma previamente acordado. Sería en octubre cuando Fiscalía realizará la réplica a los argumentos de las defensas. Luego vendrá, si es pertinente, la dúplica de aquellas.

Cullen volvió a sostener argumentos que formuló en la audiencia anterior, mejoró los que se mantuvieron en el escrito de oposición a la remisión de la causa a juicio y reiteró el pedido de sobreseimiento de su asistido y la nulidad de la remisión de la causa a juicio si no se reformula el hecho; del que sostuvo es atípico, no encuadra en la calificación legal escogida por los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, y resaltó que los actos que Fiscalía entiende ilegítimos o ilícitos, siguen vigentes después de 17 años de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y no fueron cuestionados por ninguna instancia de la Administración Pública.

En relación al último señalamiento, el defensor sostuvo que es “irracional” que el Estado siga manteniendo como legítimos actos de gobierno que fueron refrendados por todos los organismos de contralor sin que se solicitara su anulación mediante un “juicio” o “acto de lesividad” que le pudiese dar algún fundamento al interés persecutorio del Ministerio Público Fiscal (MPF), pero por otro lado, desde otro Poder y mediante otro organismo, se impulse la persecución penal. Así, cuestionó que el MPF se transformaría en una especie de órgano que, por fuera de los organismos de contralor del Estado y procesos administrativos, decide qué es delito y que no a pesar de que los actos cuestionados como ilegítimos, siguen vigentes sin que se cuestionara en casi dos décadas su legalidad.